El SAT desmintió que las reformas al Código Fiscal de la Federación impliquen solicitar prisión preventiva oficiosa a cualquier contribuyente simplemente por sospechar que emitió una factura falsa.

Una jurisprudencia fijó como plazo máximo para cancelar CFDI el último día del mes en que los contribuyentes presenten su declaración anual de ISR.

La SCJN declaró inconstitucionales disposiciones sobre prisión preventiva y delincuencia organizada en delitos fiscales, con efectos específicos.