Conoce varias prácticas que han sido señaladas por autoridades como ilegales y que varias empresas han implementado con la intención de reducir su carga tributaria o responsabilidades fiscales y de seguridad social.

A dos años de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene estrecha coordinación con el Servicios de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para monitorear el cumplimiento de los empleadores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un criterio en el que estableció que entregar dinero a trabajadores bajo el concepto de aportaciones a fondos o planes de pensiones con el fin de evadir el pago de impuestos, es una práctica fiscal indebida.

Las empresas que subcontratan a otras para servicios u obras especializadas tienen a más tardar el 17 de mayo para enviar a la autoridad la información de los contratos que hayan celebrado durante el primer cuatrimestre del año.

El martes 17 de enero vencerá el plazo para que las personas físicas o morales que ofrezcan subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas presenten al IMSS y al Infonavit los convenios celebrados entre septiembre y diciembre de 2022.

Las empresas que cuenten con más de 300 trabajadores deben de informar al IMSS que están dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social, el RACERF, entre otros.

Como lo establecen los artículos 15 de la LFT y 29 Bis de la Ley del Infonavit, el pasado 17 de enero fue la fecha límite para que las empresas que se encuentran inscritas en el REPSE envíen la información de sus contratos.