Las inspecciones relacionadas con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) buscan verificar que la información presentada por contratistas y clientes corresponda a contrataciones legítimas y que la prestación de los servicios cumpla con las disposiciones laborales aplicables.
Si durante estas revisiones se detectan inconsistencias, las empresas pueden enfrentar sanciones o multas que van de 2,000 a 50,000 UMA, que en 2026 corresponden a un rango de 234,620 a 5,865,500 pesos, e incluso señalamientos por delitos de defraudación fiscal.
Por ello, es importante conocer cómo funcionan las inspecciones para procurar atenderlas de forma correcta y demostrar el cumplimiento para evitar contratiempos.
¿Qué establece el protocolo de inspección REPSE?
El Mtro. Alejandro Pedrín, socio de TP Legal, explicó que el Protocolo de Inspección en Materia de Subcontratación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicado el 24 de noviembre de 2025, funciona como una guía para los inspectores, los contratistas y las empresas beneficiarias de los servicios especializados. Su propósito es dar claridad sobre los aspectos auditables y la información que las empresas deben tener disponible durante una inspección.
Entre los objetivos de estas diligencias se encuentra verificar que los datos proporcionados para obtener el registro REPSE sean correctos, identificar posibles irregularidades en la contratación y comprobar que las actividades realizadas correspondan con las obras o servicios especializados autorizados.
El especialista explicó que las inspecciones también buscan detectar situaciones en las que una contratación aparentemente legal pudiera encubrir una práctica prohibida como la subcontratación de personal. Para ello, la autoridad puede revisar las actividades que se desarrollan en los centros de trabajo y las condiciones en que los trabajadores prestan sus servicios.
Las tres modalidades de vigilancia
El protocolo contempla tres modalidades de inspección que las empresas deben conocer:
Visitas de constatación REPSE: su objetivo es verificar que la información proporcionada por los contratistas para obtener su registro sea correcta.
Inspecciones con enfoques transversales: permiten revisar aspectos laborales como condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, incluyendo revisión profunda en subcontratación. Estas inspecciones se dirigen a cualquier centro de trabajo.
Inspecciones específicas en materia de subcontratación: se enfocan en revisar las condiciones en que se prestan los servicios especializados y detectar posibles irregularidades relacionadas con esta figura. Se centran en los centros de trabajo de contratistas y beneficiarios.
Pedrín explicó que una inspección puede derivar en revisiones adicionales. Por ejemplo, si durante una diligencia en las instalaciones de un contratista se detecta una irregularidad, la autoridad podría revisar a las empresas que reciben sus servicios. De igual manera, una inspección en las instalaciones de la beneficiaria puede dar lugar a una revisión del proveedor. Las compañías deben considerar que la revisión no necesariamente se limita a una sola de las partes involucradas en la contratación.
¿Cómo se desarrolla una inspección?
Al llegar al centro de trabajo, el inspector debe exhibir la orden de visita e identificarse. La diligencia se atiende mediante el representante legal de la empresa; si este no se encuentra presente, de acuerdo con Pedrín, puede dejarse un aviso para regresar al día siguiente y solicitar su presencia.
Durante el procedimiento, los inspectores pueden pedir información general de la empresa, como el acta constitutiva, los poderes y los datos del domicilio. También revisar que los contratos cumplan con los requisitos aplicables y que los trabajadores que participan en los servicios correspondan con lo establecido en dichos documentos.
La verificación comprende tres actividades principales:
Revisión documental: se solicitan y examinan los contratos y otros documentos relacionados con la prestación de los servicios. El inspector puede llevarse copias para analizarlas con mayor detalle.
Recorrido por las instalaciones: se observa cómo se desarrolla la operación y se valida que los trabajadores del contratista puedan distinguirse del personal de la empresa beneficiaria.
Entrevistas a trabajadores: tanto a los empleados de la beneficiaria como a los del contratista para contrastar la información documental con las condiciones que existen en el centro de trabajo.
La actividad mencionada busca comprobar que los documentos reflejan lo que sucede en la práctica, incluidos los servicios prestados, los trabajadores que participan y las condiciones bajo las cuales realizan sus actividades.
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Las señales de alerta que puede detectar la autoridad
El especialista identificó diversas situaciones que llaman la atención de los inspectores porque indican posibles inconsistencias entre la contratación documentada y la operación real.
1. Instrucciones directas al personal del contratista
Una de las situaciones señaladas es que los trabajadores del proveedor reciban instrucciones directas de la empresa beneficiaria. Pedrín explicó que el contratante puede solicitar al supervisor del contratista que se cumpla el servicio contratado, pero no dirigir directamente la manera en que las personas realizan sus actividades. Si se detecta esto, se podría considerar que existe una situación irregular que requiere revisión.
2. Falta de identificación entre los trabajadores de ambas empresas
Otra señal de alerta es que los trabajadores del contratista no se distingan del personal de la empresa contratante. Es importante contar con elementos visibles: uniformes, gafetes o identificaciones propias que permitan reconocer a qué empresa pertenece cada colaborador dentro del centro de trabajo.
3. Desconocimiento del patrón por parte de los empleados
El protocolo también pone atención en lo que los empleados expresan durante las entrevistas. Si no saben quien es su patrón o señalan a la empresa beneficiaria como su empleadora, es una alerta para el inspector.
Por ello, las entrevistas y los recorridos físicos permiten contrastar las relaciones que se documentan en los contratos con las condiciones que se observan en el lugar donde se presta el servicio.
4. Diferencias entre las actividades realizadas y el servicio registrado
La autoridad también puede revisar si las labores que desempeñan los trabajadores corresponden con el servicio especializado registrado en el REPSE.
Para hacerlo, contrasta el objeto social de la empresa beneficiaria, las actividades que efectivamente desarrolla y las funciones que realizan los trabajadores. Si existen diferencias entre estos elementos, el inspector puede profundizar en la revisión para determinar si hay una irregularidad.
5. Falta de evidencia del cumplimiento laboral
Pedrín señaló que otra señal de alerta es que el contratista no pueda acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales básicas, como el pago de cuotas de seguridad social.
En este contexto, destacó la importancia de que los contratos contemplen obligaciones para que el proveedor entregue a la empresa beneficiaria la información necesaria para verificar su cumplimiento. De esta manera, la documentación puede estar disponible cuando sea requerida durante una inspección.
Las entrevistas como parte clave de la inspección
La aplicación de entrevistas a los empleados es uno de los elementos que el protocolo considera para contrastar la información presentada por las empresas con las condiciones observadas en el centro de trabajo. Permite identificar contradicciones relacionadas con el patrón y las funciones que desempeñan.
El protocolo proporciona referencias para determinar cuántos trabajadores pueden ser cuestionados. Cuando una empresa tiene entre 51 y 100 trabajadores, la meta es entrevistar al 50 % del personal; cuando tiene más de 100, la muestra es del 40 %. Estos porcentajes funcionan como una guía para los inspectores, no constituyen una obligación automática en todos los casos.
¿Cómo pueden prepararse las empresas?
Alejandro Pedrín señaló que el propio protocolo incluye listas de verificación y guías de autoevaluación dirigidas tanto a los contratistas como a las empresas beneficiarias, que se enfocan en:
Reforzamiento de identificación visual de los empleados de cada empresa.
Establecer contratos y compromisos para que el contratista proporcione información que permita comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales.
Realizar auditorías internas: administrativas y operativas.
Verificar que los contratos correspondan con las actividades que se desarrollan en el centro de trabajo.
El uso de la tecnología para reforzar el cumplimiento es otro aspecto importante. La nueva versión de Mi Repse facilita el seguimiento a los proveedores mediante la consulta periódica de la vigencia de sus registros, la identificación de cambios en su estatus y la validación automática de documentos fiscales y de seguridad social. Además, permite centralizar contratos, comprobantes y otros archivos, así como conciliar información de nómina y SUA desde una misma plataforma.
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