El contribuyente como dato
Inteligencia artificial, perfiles de riesgo y ética en la fiscalización mexicana
Rafael Rubí Carrizoza
Partner in Charge, Tijuana Office · Rafael.Rubi@mx.gt.com
I. El volumen que nadie dimensiona
Cuando un director de operaciones IMMEX piensa en “el SAT”, imagina a un auditor con un oficio de visita domiciliaria. Esa imagen es hoy una excepción estadística. La verdad operativa es otra: antes de que un ser humano lea el nombre de su empresa, un modelo ya lo leyó, lo comparó contra su sector y le asignó una posición en una distribución de riesgo.
Conviene empezar por la escala, porque el debate sobre inteligencia artificial en materia fiscal suele darse en abstracto, y la abstracción es enemiga de la preparación.
Durante 2023 se emitieron en México más de 10 mil 323 millones de facturas electrónicas —un promedio de 327 comprobantes por segundo—, cifra que en 2024 ascendió a más de 10 mil 871 millones, equivalentes a 344 por segundo, con la incorporación de 764 mil 739 nuevos emisores. El acumulado histórico del esquema de facturación electrónica desde su implementación ya rebasa los 92 mil millones de comprobantes. Puesto en términos diarios: alrededor de 28 millones de CFDI ingresan al ecosistema fiscal mexicano cada veinticuatro horas.
Ese flujo no viaja solo. Lo acompañan las declaraciones mensuales y anuales de un padrón que ronda los 84.6 millones de contribuyentes activos, de los cuales poco más de 64 millones tienen obligaciones fiscales vigentes; los complementos de pago; los CFDI de nómina; el complemento Carta Porte; la contabilidad electrónica en formato XML; las DIOT; las declaraciones informativas de partes relacionadas; los avisos del Buzón Tributario; y —para nuestro sector— el universo aduanero.
Ahí las cifras también son elocuentes. De acuerdo con los informes mensuales de la Agencia Nacional de Aduanas de México, entre enero y agosto de 2025 se tramitaron 7 millones 181 mil 124 pedimentos. En el primer trimestre de ese año, cuatro aduanas —Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez y Colombia— concentraron 978 mil 106 pedimentos, es decir, 68.1 % del total tramitado en aduanas fronterizas. Cada uno de esos pedimentos arrastra consigo fracciones arancelarias, valores en aduana, países de origen, incoterms, claves de pedimento, identificadores, permisos y, en el caso IMMEX, plazos de permanencia, descargos y correlaciones de insumo-producto.
Sume todo. El resultado no es una base de datos: es un espejo digital de la economía mexicana, actualizado en tiempo casi real. Y ningún equipo humano puede leerlo.
II. De la auditoría al perfil
Aquí está el punto de inflexión conceptual que muchos directivos aún no han internalizado: la autoridad dejó de buscar errores y empezó a buscar patrones.
El Plan Maestro 2026, presentado el 26 de enero por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con una meta de recaudación de 5.8 billones de pesos, formaliza esta transición. La autoridad ha reconocido públicamente el uso de analítica de datos, aprendizaje automático y modelos automatizados de riesgo fiscal. Los criterios que activan una revisión ya son públicos y, en la práctica, apuntan a señales como pérdidas fiscales recurrentes sin justificación, tasas efectivas de impuesto por debajo del promedio sectorial, inconsistencias entre los CFDI de ingresos y el IVA declarado, y operaciones con contribuyentes listados como EFOS.
Los resultados avalan el método. Durante 2025 el SAT alcanzó una recaudación superior a 5.35 billones de pesos, con un costo de 25 centavos por cada 100 pesos recaudados y una rentabilidad de 248 pesos recuperados por cada peso invertido en actos de revisión. Esa rentabilidad no proviene de más auditores: proviene de mejor selección. Un modelo que acierta en la elección del auditado multiplica el rendimiento de cada hora-hombre de fiscalización.
Para la empresa IMMEX, esto significa que el hecho relevante ya no es si cumplió, sino si su huella de datos es coherente. El modelo no lee su expediente; lee sus relaciones. Compara el valor declarado en pedimento contra el CFDI de la operación; el inventario teórico del Anexo 24 contra los descargos del Anexo 30; la nómina timbrada contra el margen de la maquiladora; el margen de la maquiladora contra el rango intercuartil de sus comparables sectoriales; el flujo de IVA acreditable contra el patrón de importaciones temporales.
Cuando alguna de esas relaciones se desvía, se genera una señal. Y cuando se acumulan varias señales, se genera un perfil.
III. Cómo se construye un perfil de riesgo
Sin acceso al código —y no lo hay, ni lo habrá— podemos describir la arquitectura conceptual por sus efectos observables. Un perfil de riesgo fiscal se construye típicamente sobre cuatro capas.
Capa 1. Consistencia interna. ¿Los datos que la empresa reporta en un sistema coinciden con los que reporta en otro? CFDI contra declaración. Declaración contra contabilidad electrónica. Pedimento contra CFDI. Anexo 24 contra Anexo 30. Esta capa es aritmética y es la más fácil de auditar automáticamente.
Capa 2. Consistencia sectorial. ¿Sus indicadores se parecen a los de sus pares? Tasa efectiva de ISR, margen operativo, relación insumo-producto, rotación de inventarios, proporción de gastos administrativos. Aquí la empresa deja de competir contra la norma y empieza a competir contra la mediana de su industria.
Capa 3. Consistencia relacional. ¿Con quién opera? La red de proveedores y clientes es, en sí misma, un factor de riesgo heredado. Durante 2026 el SAT ha suspendido sellos digitales a más de 7 mil contribuyentes por vínculos con esquemas de facturación simulada. La contaminación reputacional en materia fiscal ya no requiere dolo: requiere una arista en el grafo.
Capa 4. Consistencia temporal. ¿Cómo se comporta a lo largo del tiempo? Cambios abruptos de margen, reestructuras societarias en momentos fiscalmente convenientes, migraciones de régimen, variaciones estacionales inexplicables. El modelo tiene memoria; la organización, con frecuencia, no.
La consecuencia práctica es que las discrepancias se detectan sin intervención humana y pueden derivar automáticamente en cartas invitación o revisiones electrónicas. La fiscalización dejó de ser un evento y se convirtió en un estado.
IV. La dimensión ética: lo que no se está discutiendo lo suficiente
Y aquí llegamos al terreno incómodo, que es precisamente el que un foro como INCOMEX debe ocupar.
La eficiencia recaudatoria es un bien público legítimo. Nadie con responsabilidad profesional defendería la ineficiencia del fisco. Pero la eficiencia algorítmica plantea cuestiones que el derecho tributario mexicano todavía no ha resuelto.
Opacidad. El SAT ha reconocido el uso de estas herramientas, pero los detalles técnicos de su funcionamiento no son públicos. Un contribuyente puede saber que fue seleccionado; difícilmente puede saber por qué fue seleccionado en términos verificables. ¿Cómo se ejerce el derecho de defensa contra una inferencia cuya lógica no se conoce?
Inversión material de la carga de la prueba. Formalmente, la carga sigue donde siempre. Materialmente, cuando el punto de partida de la autoridad es una presunción generada por un modelo, el contribuyente comparece a desmentir una hipótesis ya formada. La diferencia entre “demuéstreme que cumplió” y “explíqueme esta anomalía” es sutil en el papel y enorme en la práctica.
Falsos positivos y costo asimétrico. Ningún modelo tiene precisión perfecta. Un falso positivo para la autoridad cuesta una revisión que no prosperó; para la empresa puede costar meses de distracción directiva, honorarios, retención de devoluciones de IVA y —en el escenario extremo— la suspensión del certificado de sello digital, que para una maquiladora equivale a la parálisis operativa. El costo del error no está distribuido simétricamente entre las partes.
Sesgo estructural contra ciertos modelos de negocio. La maquila es, por diseño económico, una operación de bajo margen, alta rotación de inventarios y elevada proporción de operaciones intercompañía. Un modelo entrenado sobre la economía nacional puede leer legítimamente estas características como anomalías. La empresa IMMEX no es sospechosa por conducta; puede serlo por morfología.
Legitimidad y proporcionalidad. La incorporación del acceso en tiempo real a plataformas digitales, vigente desde abril de 2026, marca una dirección clara: la autoridad se acerca a la fuente del dato. La pregunta no es si eso es técnicamente posible, sino qué contrapesos institucionales acompañan esa capacidad.
Ninguna de estas preguntas se responde pidiendo que la autoridad deje de usar tecnología. Se responden exigiendo transparencia metodológica, trazabilidad de las decisiones automatizadas, derecho a explicación y revisión humana efectiva antes de que una señal estadística se convierta en un acto de molestia. Esa es una agenda gremial, no individual, y es una agenda que asociaciones como INCOMEX están en posición de encabezar.
V. Qué hace la empresa mientras tanto
El debate ético es necesario y llevará años. La revisión electrónica llega el próximo trimestre. Ambas cosas son ciertas simultáneamente, y la empresa responsable atiende las dos.
La respuesta operativa se resume en un principio: si la autoridad audita datos, la defensa debe construirse en datos. No en argumentos. No en criterios. En evidencia estructurada, generada en el momento de la operación y no en el momento del requerimiento. Es lo que he denominado Cumplimiento Demostrable™: la capacidad de acreditar, con soporte documental y numérico consistente, que cada cifra reportada es reconstruible desde su origen.
En términos concretos, para una operación IMMEX esto significa:
1. Auditar la coherencia entre sistemas antes que la autoridad. Correr internamente los mismos cruces que corre el modelo: CFDI contra declaración, pedimento contra CFDI, Anexo 24 contra Anexo 30. Mensualmente, no anualmente.
2. Conocer su posición sectorial. Si su tasa efectiva o su margen están fuera del rango de sus comparables, usted necesita saberlo antes que el SAT, y necesita tener una explicación económica documentada.
3. Depurar la red de terceros. Verificación periódica de proveedores contra los listados del artículo 69-B y monitoreo de la cadena de suministro como control fiscal, no solo como control de compras.
4. Documentar en tiempo real. El expediente de defensa se construye durante el ejercicio, no después del oficio. Un estudio de precios de transferencia firmado en diciembre no explica una decisión operativa tomada en marzo.
5. Blindar la materialidad. Las operaciones intercompañía requieren sustancia demostrable: contratos, entregables, evidencia de prestación efectiva y correlación con la actividad productiva.
VI. Cierre
La fiscalización algorítmica no es una amenaza: es una condición del entorno, tan estructural como el tipo de cambio o el arancel. Lo que sí es amenaza es enfrentarla con la arquitectura de cumplimiento de hace una década, diseñada para responder a un auditor que preguntaba, no a un modelo que infiere.
La empresa IMMEX que sobreviva la próxima década no será la que tenga la interpretación fiscal más sofisticada. Será la que tenga los datos más limpios, más consistentes y más rápidamente reconstruibles. En la era del dato, la defensa no se improvisa: se diseña.
Y en paralelo —esto también es responsabilidad del sector— debemos insistir en que la sofisticación tecnológica de la autoridad venga acompañada de garantías equivalentes para el contribuyente. Un fisco más inteligente es deseable. Un fisco más inteligente y más transparente es indispensable.